Resumen general del tema

En el mes de junio de 2018 iniciamos un trabajo conjunto entre el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Centro de Estudios Estratégicos para la Integración Financiera (CINFIN) con el objeto de obtener información sobre las condiciones en que se había contraído el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la suma de cincuenta mil millones de dólares (U$S 50.000.000.000).

Se trata del crédito más grande que dicho organismo internacional otorgó en su historia, el cual en el mes de octubre de 2018 se amplió por la suma de siete mil millones de dólares (U$S 7.100.000.000).

A comienzos del año 2016 el Presidente de la Nación había afirmado que de ninguna manera Argentina iba a endeduarse nuevamente con el FMI.  Sin embargo, el 08/05/2018 anunció lo contrario.

Un mes después, el diario La Nación informó, en una suerte de crónica que detalla lo sucedido en Washington, cómo el Ministro de Hacienda había viajado para negociar dicho crédito y regresó al país con la Carta de Intención ya firmada.

En ese contexto y ante la absoluta falta de información pública sobre el tema, el 14/06/2018 el MNER promovió la primera acción judicial para acceder a ella. En este sitio llamaremos a este proceso judicial “caso Murúa”.

Ante la urgencia y magnitud del asunto, así como la manifiesta inutilidad de transitar previamente la vía administrativa, fuimos directamente al Poder Judicial sin pasar antes por sede administrativa.

La demanda fue rechazada de plano por la Jueza de Primera Instancia María Alejandra Biotti.

La apelación fue rechazada de la misma manera por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernández.

Cuando interpusimos el recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara ordenó escuchar al Estado Nacional (que hasta entonces no era parte del proceso, debido a los sistemáticos rechazos para acceder a la jurisdicción).

En su respuesta el Ministerio de Hacienda sostuvo que toda la información que solicitábamos estaba disponible en su sitio web.

Esa respuesta fue rechazada por haberse presentado fuera de plazo. En razón de eso, el Ministerio de Hacienda se presentó nuevamente en el expediente y le pidió al Poder Judicial que no intervenga en el asunto con el argumento de que la información que pedíamos ya era pública.

Lo que estaba publicado por entonces, a cuyo enlace web nos remitió en dos ocasiones el Ministerio de Hacienda, era la primera Carta de Intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) y el Memorándum de Entendimiento Técnico.  Si comparamos su contenido con el pedido de acceso a información pública realizado por Murúa en su demanda, es evidente que dichos documentos no respondían adecuadamente al requerimiento.

En paralelo con ese primer trámite judicial el CINFIN presentó un nuevo pedido de acceso a información pública, trámite al cual llamaremos en este sitio “caso Codianni”. Esta vez el pedido se realizó en sede administrativa y con un nivel de detalle mucho mayor al del “caso Murúa”, ya que para entonces contábamos con la información publicada en la web del Ministerio de Hacienda (la cual no estaba disponible cuando iniciamos la primera demanda judicial).

El Ministerio de Hacienda respondió a nuestro pedido, informando entre otras cosas que el Poder Ejecutivo “no requiere dictámenes previos” para contraer el crédito. Además, por tercera vez si contamos las dos del caso “Murúa”, nos remitió a su sitio web donde se encuentra disponible la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos. La comparación del contenido de esta respuesta con el alcance del pedido de información que realizamos muestra con toda evidencia, una vez más, que se trató de una respuesta evasiva e insuficiente.

Como este tipo de respuestas implica una denegatoria tácita a informar, promovimos una segunda acción judicial.  En este proceso de amparo, un día antes que se venza el plazo que el Estado Nacional tenía para contestar, el Ministerio de Hacienda nos informó que los expedientes que solicitábamos estaban a nuestra disposición.

Inmediatamente nos acercamos al Ministerio para retirar esos expedientes, y al otro día el Ministerio contestó la demanda judicial afirmando que la causa es abstracta (o sea, que no hay caso o controversia alguna para resolver por el Poder Judicial) ya que nos habían entregado toda la información pública que solicitamos.

Sin embargo, una nueva comparación entre el pedido efectuado en sede administrativa y el contenido de dichos expedientes demuestra que hay muchas cosas que aun no fueron develadas.

El juez Federal Esteban Furnari rechazó la demanda el 13/05/2019, considerando para ello que “los dictámenes previos no existirían” (y por eso no hubo una denegatoria del Poder Ejecutivo a entregarlos), pero omitiendo todo tipo de referencia al resto de la información solicitada y no entregada por el Ministerio de Hacienda ni en sede administrativa ni en sede judicial.

Esta sentencia fue apelada el 17/05/2019 y el juez concedió el recurso el 20/05/2019, elevando el expediente a la Cámara de Apelaciones para su tratamiento.

El 23/05/2019 la causa fue recibida en la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (misma Sala que trató el caso “Murúa”, integrada por Sergio Gustavo Fernández, Carlos Manuel Grecco y Jorge Esteban Argento).

Ese mismo día el tribunal ordenó devolver el expediente a primera instancia porque “la copia digital del recurso interpuesto por la parte actora a fs. 140/149 no se encuentra agregada al sistema informático”.

Habida cuenta lo sucedido, el 06/06/2019 presentamos un escrito señalando que habíamos subido la copia digital en 4 oportunidades y solicitamos la urgente remisión de la causa a la Cámara para que proceda a tratar el recurso.

En fecha 12/06/2019 la Cámara ordenó correr traslado del recurso al Poder Ejecutivo para que lo conteste en el término de 48 hs., y en fecha 14/06/2019 notificó por cédula esa decisión.

El 19/06/2019 el Poder Ejecutivo contestó la apelación desarrollando argumentos formales, absurdos e insostenibles para solicitar su rechazo. Lejos de proveer la información peticionada, insiste con la idea de que la misma ya fue entregada en su totalidad a pesar de surgir evidente de los antecedentes de la causa que esto no es así.  Recordemos en tal sentido que pedimos información sobre A, B, C y D, y la sentencia rechazó el pedido “porque A no existiría”). ¿Y el resto?

El Fiscal General de Cámara Dr. Rodrigo Cuesta emitió su dictamen el 02/08/2019, aconsejando revocar la sentencia de primera instancia y ordenar al Ministerio de Hacienda que informe y entregue copia, en soporte papel y digital, sobre el texto del acuerdo, las prórrogas de jurisdicción que se pactaron y los actos administrativos mediante los cuales se decidió tomar ambos créditos.

El 16/08/2019 el expediente entró para resolver en la Sala III de la Cámara, y el 12/09/2019 el tribunal dictó sentencia revocando la decisión de primera instancia y ordenando al Ministerio de Hacienda de la Nación “que informe respecto de la existencia o inexistencia de la información en cuestión y, en su caso, que proceda a su entrega”.

Con posterioridad al dictado de la sentencia, el Ministerio de Hacienda realizó dos presentaciones en el expediente judicial acompañando sendas notas administrativas de fechas 11/09/2019 y 17/09/2019 enviadas a Codianni.

En la segunda de tales presentaciones reiteró que se encuentran a disposición de la parte actora los expedientes administrativos EX-2018-229772791-APN-DGD#MHA y EX-2018-52368222-APN-DGD#MHA y la posibilidad de grabar en un pendrive los documentos ya entregados en formato papel el 10 de abril pasado así como cualquier otro documento de esas actuaciones posterior”. 

Además, afirmó que “Esa es toda la documentación obrante en el ámbito de la jurisdicción relativa al requerimiento de información oportunamente realizado, sin que existan otros actos que los allí instrumentados referidos a la carta de intención suscripta, ni que establezcan una cláusula específica de prórroga de jurisdicción para el convenio en cuestión, el que, por lo demás, dada su naturaleza, no ha sido instrumentado como un “contrato firmado o a ser firmado entre las partes”, como se sugiere en el pedido inicial”.

Frente estas presentaciones, el 24/09/2019 presentamos un nuevo escrito para aclarar algunas cosas y solicitar a la Cámara de Apelaciones que intime al Ministerio de Hacienda a acreditar el cumplimiento de la condena en debida forma. Esto es, en el marco del expediente judicial y presentado copias certificadas de la documentación, tanto en soporte papel como digital.  El tribunal resolvió que esto debe ser resuelto por el Juez de Primera Instancia.

Luego, en fecha 30/09/2019 el Ministerio de Hacienda presentó un recurso extraordinario federal para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alegando gravedad institucional y pidiendo que se revoque la sentencia que ordenó entregar la información pública solicitada.

Respondimos a ese recurso el 17/10/2019, solicitando su rechazo. A modo eventual, para el supuesto que el recurso sea concedido, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilite la causa para la presentación de amigos del tribunal y ordene la celebración de audiencias públicas a efectos de discutir sobre el tema de cara a la sociedad:

“La información pública que esta parte busca obtener en este proceso (en parte ya entregada por la demandada; en parte pendiente de entrega en los términos que ordenó la CNCAF en la sentencia recurrida) se vincula con el crédito más importante que el FMI ha entregado en su historia a un país desde que fue fundado en el año 1944, y por ende también del crédito más importante contraído por Argentina frente a dicho organismo internacional.

Más precisamente, se vincula con el procedimiento y condiciones legales de la toma de esos créditos con el FMI, la causa y los motivos que derivaron en ese accionar estatal, y las decisiones que llevaron al gobierno a endeudar al país por esas sumas de dinero y en las condiciones propuestas en las cartas de intención y sus memorandos adjuntos.

Es importante realizar una aclaración: cuando nos referimos a “procedimiento”, “causa” y “motivos” lo hacemos en el sentido más técnico que cabe atribuir a dichos conceptos en el contexto del derecho administrativo: elementos esenciales de la toma de decisión por parte del poder administrador. No nos referimos a procedimientos, causas ni motivos políticos, sino a cuestiones estrictamente jurídicas que hacen a la regularidad de la toma de cualquier decisión administrativa en un Estado de Derecho.

La trascendencia institucional, social, económica y política del caso es evidente.

Es por eso que, a modo eventual (en caso de admitirse el REF), solicitamos a V.E. que habilite el expediente para la presentación de amigos del tribunal (amicus curiae) en los términos de la Acordada CSJN N° 7/2013, así como también disponga la celebración de audiencias públicas en los términos de la Acordada CSJN N° 30/2007 para discutir abiertamente y de cara a la comunidad sobre las implicancias y derivaciones del caso en debate”.

El 22/10/2019 la Cámara concedió parcialmente el recurso, por lo que el caso será tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin perjuicio de lo que suceda en definitiva con el recurso extraordinario, de los dos expedientes administrativos que nos entregaron surge acreditado lo siguiente:

(i)     El primer expediente fue iniciado por el Ministerio de Hacienda el 21/06/2018. Esto es, exactamente una semana después del ingreso de la demanda del “caso Murúa” y 9 días después de la firma de la Carta de Intención para solicitar el crédito (fechada el 12/06/2018).

(ii)    No hay constancia de dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención.

(iii)    No hay constancia del dictamen previo del Banco Central de la República Argentina sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos (requisito exigido por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156).

(iv)    No hay constancia de actos administrativos mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito. No obra en el expediente Decreto presidencial alguno, así como tampoco Resolución del Directorio del BCRA ni Resolución del Ministerio de Hacienda.

(v)    No hay constancia de haberse suscripto acuerdo alguno. Sólo está la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos. Una Carta de Intención que dice expresamente que tales memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo ‘stand by’”.

(vi)   Los datos y las proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la Carta de Intención no se vinculan con ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica previa.

Cabe señalar además que el 14/03/2019 el CINFIN efectuó otro pedido de acceso a información pública, esta vez directamente ante el Banco Central para que informe sobre los dictámenes exigidos por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156. 

El BCRA no entregó dichos dictámenes ni los expedientes donde deberían haberse emitido. En lugar de cumplir, se limitó a ofrecer una respuesta evasiva en la cual sostiene que evaluó el impacto macroeconómico del crédito con carácter previo a la firma “de la operación en cuestión“, y que no lo hizo solo sino en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el propio Fondo Monetario Internacional.