Mediante su resolución de fecha 22/10/2019 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió parcialmente el recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio de Hacienda.

El tribunal consideró que el recurso era admisible con relación a la cuestión federal invocada:

“Toda vez el pronunciamiento dictado por este Tribunal el 12 de septiembre de 2019, mediante el cual se decidió revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la presente acción de amparo, remite a la interpretación de una norma federal (ley 27.275), en sentido adverso a la inteligencia asignada por el demandado a fin de cuestionar la procedencia de la pretensión de la parte contraria, corresponde -de conformidad con lo establecido en el art. 14, de la ley 48- conceder el recurso interpuesto en autos”.

Por otra parte, en el considerando II de su decisión desestimó las causales de arbitrariedad y gravedad institucional alegadas por la demandada:

“Que, por lo demás, en relación con la arbitrariedad que se intenta atribuir a la resolución y la gravedad institucional invocada, cabe señalar que tales supuestos no resultan susceptibles de consideración por la Sala. Ello es así, sin perjuicio de advertir que la decisión recurrida exhibe suficientes fundamentos fácticos y jurídicos que la habilitan como acto jurisdiccional válido”.

Ahora el caso será tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 17/10/2019 nos notificamos espontáneamente del recurso extraordinario federal interpuesto por el Ministerio de Hacienda y presentamos su contestación.

Mediante este escrito solicitamos a la Cámara de Apelaciones que rechace el recurso. A modo eventual, para el supuesto que el recurso sea concedido, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilite la causa para la presentación de amigos del tribunal y ordene la celebración de audiencias públicas a efectos de discutir sobre el tema de cara a la sociedad:

“La información pública que esta parte busca obtener en este proceso (en parte ya entregada por la demandada; en parte pendiente de entrega en los términos que ordenó la CNCAF en la sentencia recurrida) se vincula con el crédito más importante que el FMI ha entregado en su historia a un país desde que fue fundado en el año 1944, y por ende también del crédito más importante contraído por Argentina frente a dicho organismo internacional.

Más precisamente, se vincula con el procedimiento y condiciones legales de la toma de esos créditos con el FMI, la causa y los motivos que derivaron en ese accionar estatal, y las decisiones que llevaron al gobierno a endeudar al país por esas sumas de dinero y en las condiciones propuestas en las cartas de intención y sus memorandos adjuntos.

Es importante realizar una aclaración: cuando nos referimos a “procedimiento”, “causa” y “motivos” lo hacemos en el sentido más técnico que cabe atribuir a dichos conceptos en el contexto del derecho administrativo: elementos esenciales de la toma de decisión por parte del poder administrador. No nos referimos a procedimientos, causas ni motivos políticos, sino a cuestiones estrictamente jurídicas que hacen a la regularidad de la toma de cualquier decisión administrativa en un Estado de Derecho.

La trascendencia institucional, social, económica y política del caso es evidente.

Es por eso que, a modo eventual (en caso de admitirse el REF), solicitamos a V.E. que habilite el expediente para la presentación de amigos del tribunal (amicus curiae) en los términos de la Acordada CSJN N° 7/2013, así como también disponga la celebración de audiencias públicas en los términos de la Acordada CSJN N° 30/2007 para discutir abiertamente y de cara a la comunidad sobre las implicancias y derivaciones del caso en debate”.

El 30/09/2019 el Ministerio de Hacienda presentó un recurso extraordinario federal solicitando a la Corte Suprema de Justicia que “Se revoque la resolución del 12 de septiembre de 2019 y se rechace la acción interpuesta, declarando que el Estado Nacional ha cumplido con el deber de entregar la información pública”.

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Frente a las últimas dos presentaciones efectuadas por la demandada y los correos electrónicos que recibimos luego del dictado de la sentencia, el 24/09/2019 presentamos un nuevo escrito para aclarar algunas cuestiones y solicitar a la Cámara de Apelaciones, en lo sustancial, que intime al Ministerio de Hacienda a acreditar el cumplimiento de la condena en debida forma.

En este sentido, planteamos lo siguiente:

“Por más que la demandada afirme que esta comunicación extrajudicial se realizó “sin que ello implique el consentimiento de la mencionada sentencia”, lo cierto es que su conducta implica necesariamente esa consecuencia.

Es que no puede entenderse de otra manera la puesta a disposición de lo que, según ella misma afirma en la propia nota, configura “toda la documentación obrante en el ámbito de la jurisdicción relativa al requerimiento de información oportunamente realizado”.

Sin perjuicio de ello, que deberá ser objeto de consideración por el tribunal en el caso que la demandada pretenda interponer un recurso extraordinario federal, por medio del presente escrito solicitamos se la intime a presentar dicha documentación debidamente certificada en este expediente judicial, tanto en soporte digital como papel. 

Es necesario señalar que el campo de discusión de este conflicto ya no es administrativo sino judicial.  Y esta es la segunda vez que la demandada intenta esquivar a la jurisdicción mediante la entrega extrajudicial de la información pedida.

Recordemos que las copias simples de los expedientes que nos entregaron el 10/04/2019 no fueron traída ante el Juez por la demandada (quien se limitó a presentar la constancia del retiro firmada por uno de los abogados de esta parte), sino por nosotros. 

La sentencia dictada por V.E. el 12/09/2019 contiene órdenes muy concretas a cumplir por parte de la demandada.  De ellas se deriva la obligación del Estado de informar concretamente en este expediente judicial sobre distintas cuestiones que parecen haber sido abastecidas en las notas que nos enviaron extrajudicialmente.  Abastecidas, por cierto, con una respuesta negativa: según se desprende de la nota enviada, no existen actos administrativos, acuerdos ni prórrogas de jurisdicción.

Para evitar eventuales maniobras fraudulentas, es esencial que esa documentación sea incorporada al expediente judicial. Por ello solicitamos la intimación en tal sentido”.

Además, pedimos que se incorpore al expediente digital el dictamen del Fiscal General de Cámara:

“En otro orden, atento la trascendencia social, política e institucional del caso, lo cual exige garantizar la mayor publicidad posible de su contenido, solicitamos que se digitalice y agregue al sistema de gestión de causas el dictamen emitido por el Sr. Fiscal General de Cámara en fecha 02/08/2019″.

Con posterioridad al dictado de la sentencia, el Ministerio de Hacienda realizó dos presentaciones en el expediente judicial acompañando sendas notas administrativas de fechas 11/09/2019 y 17/09/2019, las cuales también fueron remitidas por correo al Sr. Codianni.

En la primera de tales presentaciones, el Ministerio“hace saber” al tribunal que había enviado a Codianni la nota del 11/09/2019, mediante la cual pone a disposición cierta documentación.  En base a eso, solicitó que “se desestime la apelación interpuesta” (a pesar de que ésta ya había sido resuelta con la sentencia del 12/09/2019).

En la segunda presentación judicial reiteró que están a disposición de la parte actora “los expedientes administrativos EX-2018-229772791-APN-DGD#MHA y EX-2018-52368222-APN-DGD#MHA y la posibilidad de grabar en un pendrive los documentos ya entregados en formato papel el 10 de abril pasado así como cualquier otro documento de esas actuaciones posterior”. 

Además, afirmó que “Esa es toda la documentación obrante en el ámbito de la jurisdicción relativa al requerimiento de información oportunamente realizado, sin que existan otros actos que los allí instrumentados referidos a la carta de intención suscripta, ni que establezcan una cláusula específica de prórroga de jurisdicción para el convenio en cuestión, el que, por lo demás, dada su naturaleza, no ha sido instrumentado como un “contrato firmado o a ser firmado entre las partes”, como se sugiere en el pedido inicial”.

La Cámara no se expidió sobre ninguna de las dos presentaciones más que para tenerlas presentes. Frente a la primera, señaló que debía estarse a lo resuelto en la sentencia. Frente a la segunda de ellas, se limitó a indicar que ya había dispuesto la devolución del expediente a primera instancia.

La decisión de la Cámara fue notificada a las partes el 13/09/2019, por lo cual el plazo que tiene el Estado Nacional para recurrir por vía extraordinaria ante la Corte Suprema de la Nación vence el lunes 30/09/2019 a las 9.30 hs.

Cédula de notificación acá.

En el día de la fecha, 12 de septiembre de 2019, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (integrada por Sergio Gustavo Fernández, Carlos Manuel Grecco y Jorge Esteban Argento), revocó la sentencia de primera instancia y ordenó en consecuencia al Ministerio de Hacienda que entregue actos administrativos, los acuerdos y las prórrogas de jurisdicción en soporte papel y digital:

“Se verifica que la demandada no cumplió íntegramente con el deber de proveer la información y que, en consecuencia, al no fundar debidamente su negativa,ni invocar que mediase en el caso alguna de las excepciones previstas en el artículo 8 de la ley 27.275, corresponde –de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General– revocar la sentencia en este punto y ordenarle que informe respecto de la existencia o inexistencia de la información en cuestión y, en su caso, que proceda a su entrega”.

Sentencia completa acá.