1. Respuestas de Hacienda: Una insólita declaración y los expedientes administrativos que demuestran la irregularidad de lo actuado

El Ministerio de Hacienda respondió al pedido administrativo de acceso a información pública con un documento donde afirmó, insólitamente, que “La firma del acuerdo es una potestad del poder ejecutivo por lo que no requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional”.

Posteriormente, un día antes de que venciera el plazo para contestar la demanda judicial que promovimos ante la denegatoria tácita a informar sobre todas las cuestiones que eran objeto del pedido, nos comunicaron por correo electrónico otro documento en el que nos dijeron que los expedientes solicitados estaban a nuestra disposición para ser retirados en el Ministerio de Hacienda.

Nos presentamos inmediatamente para retirar esa información.  No nos entregaron los documentos electrónicos sino sólo copias en soporte papel, las cuales pueden consultarse acá:

(i)  Expediente N° 2018-29772791-APN-DGD#MHA.

(ii) Expediente N° 2018-52368222-APN-DGD#MHA.

Esta documentación demuestra que la toma de deuda se instrumentó sin respaldo en un expediente y, por tanto, sin información ni intervenciones técnicas y jurídicas previas que permitieran evaluar su razonabilidad y legalidad. Además, se instrumentó sin actos administrativos formales que decidieran tomar la deuda en las condiciones en que se hizo.

Veamos:

(i) El primer expediente fue iniciado por el Ministerio de Hacienda el 21/06/2018. Esto es, exactamente una semana después del ingreso de la demanda del “caso Murúa” y 9 días después de la firma de la Carta de Intención para solicitar el crédito (fechada el 12/06/2018).

(ii) No hay constancia de dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención.

(iii) No hay constancia de dictámenes del Banco Central de la República Argentina sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos (requisito exigido por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.

(iv) No hay constancia de actos administrativos mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito. No obra en el expediente Decreto presidencial alguno, así como tampoco Resolución del Directorio del BCRA ni Resolución del Ministerio de Hacienda.

(v) No hay constancia de haberse suscripto acuerdo alguno. Sólo está la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos. Una Carta de Intención que dice expresamente que tales memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo ‘stand by’”.