Caso Codianni: El Ministerio de Hacienda entrega dos expedientes completos en sede administrativa y luego, con ese fundamento, solicita el rechazo del amparo judicial

Mientras se encontraba corriendo el plazo para que el Estado Nacional conteste la demanda de amparo, el 09/04/2019 el Ministerio de Hacienda envió un correo electrónico a Codianni con una nota donde señaló lo siguiente:

“La Dirección de Información Ciudadana a mi cargo ha tomado conocimiento sobre la existencia de una demanda de amparo interpuesta en sede judicial con motivo del pedido de información que tuviera trámite por expediente EX-2018-63544628-APN-CGD#SGP y se le formulara oportuna respuesta.

Tal circunstancia toma por sorpresa a esta área de gobierno. Ello es así, dado que la última comunicación suya fue recibida, vía correo electrónico, el 3 de enero de 2019, donde, además de informar que aún no contaba con la correspondencia que le fuera enviada por correo, advierte que requeriría “nuevamente las cuestiones que no han sido informadas”. Y, ante esa comunicación, el mismo día se le cursó oportuna respuesta, quedando la dirección a disposición para lo que fuere necesario, por las vías adecuadas.

En cualquier caso, y sin perjuicio de la respuesta oportunamente cursada, dado lo que usted señala en el amparo y a efectos de no dilatarle el acceso a la información, por indicación de la superioridad se cumple en informar que se encuentra a disposición suya, para su consulta o retiro, copia de los expedientes administrativos EX-2018-29772791-APN-DGD#MHA y EX-2018-52368222-APN-DGD#MHA, cuyas actuaciones se relacionan con el pedido de información oportunamente cursado”.

Ambos expedientes fueron retirados del Ministerio por el abogado de Codianni el día 10/04/2019.

A primera hora del día siguiente, 11/04/2019, el Ministerio de Hacienda respondió la demanda judicial con una serie de explicaciones sobre el trámite administrativa y, una vez más, al igual que en el caso “Murúa”, solicitando se declare abstracta la cuestión.

En el caso “Murúa” el Ministerio afirmó que todo lo que había era la Carta de Intención y sus Memorandos adjuntos. Luego, frente al pedido de Codianni, aparecieron los expedientes.

Nota del Ministerio de Hacienda comunicando la puesta a disposición de los expedientes acá.

Expediente 1 acá.

Expediente 2 acá.

Contestación del amparo por parte del Ministerio de Hacienda acá.

Caso Codianni: Demanda judicial ante la falta de respuesta de casi la totalidad de lo pedido

Como la repuesta administrativa del Ministerio de Hacienda fue incompleta y evasiva, el 28/02/2019 promovimos un nuevo amparo ante el Poder Judicial para que ordenen al Poder Ejecutivo entregar la información solicitada.

Allí sostuvimos lo siguiente (énfasis en el original):

5. ANÁLISIS DE LA (NO) RESPUESTA DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

La negativa implícita a proveer la información pública solicitada (art. 13, 3er párrafo, de la Ley N° 27.275) es evidente y manifiesta a la luz del texto de la primera respuesta (confirmada por la respuesta al correo electrónico que la siguió).

Sin perjuicio de eso, es importante evaluarla analíticamente para demostrar el derecho de esta parte a obtener una tutela judicial efectiva y oportuna de este derecho fundamental de todos los habitantes del país.

En este sentido, cabe destacar que:

– No se informó ni se nos proveyó de copias del texto completo de los contratos y sus documentos complementarios, punto (i) del pedido.

– No se informó si se han suscripto cláusulas con prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros arbitrales, administrativos y/o judiciales para resolver controversias derivadas del empréstito, punto (ii) del pedido.

– No se nos proveyó de los dictámenes previos a las señaladas contrataciones, punto (iii) del pedido.

En este punto cabe detenerse por un momento para señalar que el PEN lisa y llanamente respondió que no requiere dictámenes previos, invocando para ello el art. 60 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156:

“La firma del acuerdo es una potestad del poder ejecutivo por lo que no requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional. La Ley de Administración Financiera 24.156, que aplica porque somos parte del FMI desde 1956, así lo indica”.

Esto es un verdadero dislate a la luz de los principios más elementales de derecho administrativo (que exigen un procedimiento previo como requisito de validez de cualquier decisión administrativa) y también a la luz de lo dispuesto por el art. 61 de la propia Ley N° 24.156, el cual establece lo siguiente (énfasis agregado):

“ARTICULO 61.- En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos”.

– No se nos informó sobre las características financieras de ambos acuerdos, punto (iv) del pedido.

También aquí hay otro grosero abuso de parte del PEN.

Más bien casi una burla, ya que nos remiten a un enlace web donde sólo hay dos documentos en pdf que son de tipo preparatorio. Uno de tales documentos, la Carta de Intención, expresamente indica que tales documentos tenían por objetivo confeccionar el acuerdo (énfasis agregado):

“En resumen, solicitamos que el FMI respalde a Argentina en medio de este panorama internacional más desafiante. Consideramos que los objetivos del plan descriptos en los adjuntos son hitos que se deben usar en el diseño del Acuerdo Stand-By solicitado”.

Esto significa, lógicamente, que ADEMÁS DE TALES DOCUMENTOS TIENE QUE HABER UN CONTRATO SUSCRIPTO ENTRE LA ARGENTINA Y EL FMI. EL CONTRATO QUE SE HAN NEGADO A MOSTRARNOS.

El contrato que se han negado a entregarnos.

– No nos informaron el número de los expedientes administrativos donde se desarrollaron los procedimientos previos a la toma de las decisiones administrativas pertinentes para contraer el empréstito en cuestión, y mucho menos nos proveyeron de copia de los mismos, punto (v) del pedido.

– No nos proveyeron de copia ni nos informaron respecto de todo lo solicitado con relación a los señalados pdf que el Ministerio de Hacienda publicó en su página web, punto (vi) del pedido.

– No nos informaron ni nos proveyeron de copia de la normativa pertinente, o bien del acto o actos administrativos que así lo hubiesen autorizado, que supuestamente habilitaba la suscripción de la Carta de Intención por parte de los funcionarios que allí figuran, punto (vii) del pedido“.

Escrito de demanda completo acá.

Caso Codianni: La respuesta administrativa del Ministerio de Hacienda donde informa que el Poder Ejecutivo “no requiere dictámenes previos” para tomar el crédito

En fecha 28/12/2018 el Ministerio de Hacienda respondió al pedido administrativo de acceso a información pública, informando que no requiere dictámenes previos para realizar el acuerdo ya que es potestad del Poder Ejecutivo.

Además, volvió a insistir (por tercera vez, considerando las dos oportunidades del caso “Murúa”) en remitirnos a la Carta de Intención y los memorandos adjuntos (énfasis en el original):

“La Carta de Intención, Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI con los detalles de los acuerdos están publicados en el siguiente link:
https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/cartadeintencionmemorandumdepoliticaseconomicas

La firma del acuerdo es una potestad del poder ejecutivo por lo que no requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional. La Ley de Administración Financiera 24.156, que aplica porque somos parte del FMI desde 1956, así lo indica:

“ARTICULO 60.- Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica. La ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:

– Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa;
– Monto máximo autorizado para la operación;
– Plazo mínimo de amortización;
– Destino del financiamiento.
Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente. Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”.

Además de los principios generales en materia de procedimiento y acto administrativo establecidos en los ars. 7 y 8 de la Ley N° 19.549, esta afirmación desconoce lo establecido en el art. 61 de esa misma Ley N° 24.156 que se invoca en la respuesta:

“ARTICULO 61.- En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos“.

Documento completo acá.

Caso Codianni: El pedido administrativo de acceso a información pública

Ante los sistemáticos rechazos del Poder Judicial en el caso “Murúa”, en fecha 06/12/2018 Codianni presentó un nuevo pedido de acceso a información pública. Esta vez, en sede administrativa y con un alcance mucho más detallado que el de la demanda del caso “Murúa” ya que, para entonces, contábamos con la documentación publicada en el sitio web del Ministerio de Hacienda.

En concreto se pidió la siguiente información, referida tanto al crédito original como al nuevo crédito por la suma de siete mil cien millones de dólares (U$S 7.100.000.000):

“Le solicito que entregue a esta parte en los términos y bajo apercibimiento de ley, tanto en formato digital como papel, la siguiente información pública:

(i) Texto completo del contrato firmado o a ser firmado entre las partes, términos de referencia, todos sus anexos y cualquier otra documentación conexa o complementaria ambos empréstitos “credit stand by” contraídos o a contraerse con el FMI.

(ii) Condiciones establecidas en el marco de dichos empréstitos. Entre ellas, informe específicamente si se han suscripto cláusulas con prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros arbitrales, administrativos y/o judiciales para resolver controversias derivadas del empréstito.

(iii) Informes, dictámenes y/o cualquier otro documento donde las reparticiones públicas con competencia en la materia se hayan expedido, con carácter previo a la toma de tales empréstitos, sobre el impacto y distribución presupuestaria prevista para enfrentar las condiciones impuestas por los créditos en cuestión.

(iv) Detalle de las características financieras de ambos acuerdos. Entre ellas, como mínimo, las siguientes: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasas de interés, cargos y otras comisiones), aforos y toda otra característica financiera que pueda incidir en la carga de los compromisos a ser atendidos.

(v) Expediente/s administrativo/s donde se desarrollaron los procedimientos previos a la toma de las decisiones administrativas pertinentes para contraer el empréstito en cuestión. Al respecto se solicita especialmente que informe números de expedientes y entregue copia completa de su contenido (en especial, dictámenes, informes técnicos y documentos donde conste la intervención de los organismos de asesoramiento y control nacionales, así como todo acto administrativo dictado en el contexto del mismo).

(vi) Respecto del documento fechado el 12/06/2018 que el Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web, el cual correspondería a la carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la Sra. Lagarde y su anexo “Memorándum de Políticas Económicas y  Financieras” correspondiente al primero de los empréstitos (simples pdfs carentes de sellos oficiales, membrete, firmas auténticas o referencia a expediente alguno), solicito entregue copia de los documentos originales y de todos los informes o dictámenes técnicos que se produjeron con carácter previo a definir el contenido y alcances de dichos documentos.

(vii) Respecto de esa carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la Sra. Lagarde y su anexo “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras” correspondiente al primero de los empréstitos, informe y entregue copia de la normativa pertinente que habilitaba su suscripción por parte de dichos funcionarios, o bien del acto o actos administrativos que así lo hubiesen autorizado”.

Escrito completo acá.

Caso Murúa: El rechazo de la respuesta del Ministerio de Hacienda y su insistencia en que toda la información requerida ya estaba disponible en su sitio web

La respuesta del Ministerio de Hacienda al recurso extraordinario federal de Murúa fue presentada fuera de plazo. Por tal motivo, el 29/11/2018 (alta en el sistema del 03/12/2018) la Cámara ordenó desglosarla (sacarla del expediente) y devolvérsela al Ministerio.

Esa sentencia está acá (pudimos verla en el expediente antes que se la devolvieran al Ministerio).

Frente a ello, el 18/12/2018 el Ministerio de Hacienda volvió a presentarse mediante este escrito para solicitar que se declare la causa abstracta. Esto es, que se declare que el Poder Judicial no podía intervenir en el caso porque toda la información solicitada ya era pública.  En ese sentido sostuvo:

(i) “La pretensión inicial de la actora y el recurso interpuesto, resultan abstractos en razón de la notoria difusión que ha tenido el Acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (1)  y su inicio de ejecución, motivando amplio debate -incluso entre los mismos medios periodísticos que la actora cita- tornando inoficioso el pronunciamiento jurisdiccional pretendido”.

En la nota a pie de página (1) que contiene este párrafo se indica lo siguiente: “Sin perjuicio de que la información requerida se encuentra disponible en internet (https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/cartadeintencionmemorandumdepoliticaseconomicas)”.

(ii) “Así, en tanto la pretensión de la parte actora carece de actualidad, no concurre en autos el presupuesto de la existencia de un “caso”, “causa”, o “controversia” que habilite la intervención judicial, en los términos del art. 116 CN, y del art. 2° de la Ley N° 27, lo que así solicitamos se resuelva por V. E.”.

La Cámara no trató este planteo del Ministerio de Hacienda y, en cambio, rechazó el recurso extraordinario federal por cuestiones formales mediante sentencia (dictada el mismo día 18/12/2018).