Caso Codianni: El Ministerio de Hacienda entrega dos expedientes completos en sede administrativa y luego, con ese fundamento, solicita el rechazo del amparo judicial

Mientras se encontraba corriendo el plazo para que el Estado Nacional conteste la demanda de amparo, el 09/04/2019 el Ministerio de Hacienda envió un correo electrónico a Codianni con una nota donde señaló lo siguiente:

“La Dirección de Información Ciudadana a mi cargo ha tomado conocimiento sobre la existencia de una demanda de amparo interpuesta en sede judicial con motivo del pedido de información que tuviera trámite por expediente EX-2018-63544628-APN-CGD#SGP y se le formulara oportuna respuesta.

Tal circunstancia toma por sorpresa a esta área de gobierno. Ello es así, dado que la última comunicación suya fue recibida, vía correo electrónico, el 3 de enero de 2019, donde, además de informar que aún no contaba con la correspondencia que le fuera enviada por correo, advierte que requeriría “nuevamente las cuestiones que no han sido informadas”. Y, ante esa comunicación, el mismo día se le cursó oportuna respuesta, quedando la dirección a disposición para lo que fuere necesario, por las vías adecuadas.

En cualquier caso, y sin perjuicio de la respuesta oportunamente cursada, dado lo que usted señala en el amparo y a efectos de no dilatarle el acceso a la información, por indicación de la superioridad se cumple en informar que se encuentra a disposición suya, para su consulta o retiro, copia de los expedientes administrativos EX-2018-29772791-APN-DGD#MHA y EX-2018-52368222-APN-DGD#MHA, cuyas actuaciones se relacionan con el pedido de información oportunamente cursado”.

Ambos expedientes fueron retirados del Ministerio por el abogado de Codianni el día 10/04/2019.

A primera hora del día siguiente, 11/04/2019, el Ministerio de Hacienda respondió la demanda judicial con una serie de explicaciones sobre el trámite administrativa y, una vez más, al igual que en el caso “Murúa”, solicitando se declare abstracta la cuestión.

En el caso “Murúa” el Ministerio afirmó que todo lo que había era la Carta de Intención y sus Memorandos adjuntos. Luego, frente al pedido de Codianni, aparecieron los expedientes.

Nota del Ministerio de Hacienda comunicando la puesta a disposición de los expedientes acá.

Expediente 1 acá.

Expediente 2 acá.

Contestación del amparo por parte del Ministerio de Hacienda acá.

Caso Codianni: Demanda judicial ante la falta de respuesta de casi la totalidad de lo pedido

Como la repuesta administrativa del Ministerio de Hacienda fue incompleta y evasiva, el 28/02/2019 promovimos un nuevo amparo ante el Poder Judicial para que ordenen al Poder Ejecutivo entregar la información solicitada.

Allí sostuvimos lo siguiente (énfasis en el original):

5. ANÁLISIS DE LA (NO) RESPUESTA DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

La negativa implícita a proveer la información pública solicitada (art. 13, 3er párrafo, de la Ley N° 27.275) es evidente y manifiesta a la luz del texto de la primera respuesta (confirmada por la respuesta al correo electrónico que la siguió).

Sin perjuicio de eso, es importante evaluarla analíticamente para demostrar el derecho de esta parte a obtener una tutela judicial efectiva y oportuna de este derecho fundamental de todos los habitantes del país.

En este sentido, cabe destacar que:

– No se informó ni se nos proveyó de copias del texto completo de los contratos y sus documentos complementarios, punto (i) del pedido.

– No se informó si se han suscripto cláusulas con prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros arbitrales, administrativos y/o judiciales para resolver controversias derivadas del empréstito, punto (ii) del pedido.

– No se nos proveyó de los dictámenes previos a las señaladas contrataciones, punto (iii) del pedido.

En este punto cabe detenerse por un momento para señalar que el PEN lisa y llanamente respondió que no requiere dictámenes previos, invocando para ello el art. 60 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156:

“La firma del acuerdo es una potestad del poder ejecutivo por lo que no requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional. La Ley de Administración Financiera 24.156, que aplica porque somos parte del FMI desde 1956, así lo indica”.

Esto es un verdadero dislate a la luz de los principios más elementales de derecho administrativo (que exigen un procedimiento previo como requisito de validez de cualquier decisión administrativa) y también a la luz de lo dispuesto por el art. 61 de la propia Ley N° 24.156, el cual establece lo siguiente (énfasis agregado):

“ARTICULO 61.- En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos”.

– No se nos informó sobre las características financieras de ambos acuerdos, punto (iv) del pedido.

También aquí hay otro grosero abuso de parte del PEN.

Más bien casi una burla, ya que nos remiten a un enlace web donde sólo hay dos documentos en pdf que son de tipo preparatorio. Uno de tales documentos, la Carta de Intención, expresamente indica que tales documentos tenían por objetivo confeccionar el acuerdo (énfasis agregado):

“En resumen, solicitamos que el FMI respalde a Argentina en medio de este panorama internacional más desafiante. Consideramos que los objetivos del plan descriptos en los adjuntos son hitos que se deben usar en el diseño del Acuerdo Stand-By solicitado”.

Esto significa, lógicamente, que ADEMÁS DE TALES DOCUMENTOS TIENE QUE HABER UN CONTRATO SUSCRIPTO ENTRE LA ARGENTINA Y EL FMI. EL CONTRATO QUE SE HAN NEGADO A MOSTRARNOS.

El contrato que se han negado a entregarnos.

– No nos informaron el número de los expedientes administrativos donde se desarrollaron los procedimientos previos a la toma de las decisiones administrativas pertinentes para contraer el empréstito en cuestión, y mucho menos nos proveyeron de copia de los mismos, punto (v) del pedido.

– No nos proveyeron de copia ni nos informaron respecto de todo lo solicitado con relación a los señalados pdf que el Ministerio de Hacienda publicó en su página web, punto (vi) del pedido.

– No nos informaron ni nos proveyeron de copia de la normativa pertinente, o bien del acto o actos administrativos que así lo hubiesen autorizado, que supuestamente habilitaba la suscripción de la Carta de Intención por parte de los funcionarios que allí figuran, punto (vii) del pedido“.

Escrito de demanda completo acá.

Caso Codianni: La respuesta administrativa del Ministerio de Hacienda donde informa que el Poder Ejecutivo “no requiere dictámenes previos” para tomar el crédito

En fecha 28/12/2018 el Ministerio de Hacienda respondió al pedido administrativo de acceso a información pública, informando que no requiere dictámenes previos para realizar el acuerdo ya que es potestad del Poder Ejecutivo.

Además, volvió a insistir (por tercera vez, considerando las dos oportunidades del caso “Murúa”) en remitirnos a la Carta de Intención y los memorandos adjuntos (énfasis en el original):

“La Carta de Intención, Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI con los detalles de los acuerdos están publicados en el siguiente link:
https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/cartadeintencionmemorandumdepoliticaseconomicas

La firma del acuerdo es una potestad del poder ejecutivo por lo que no requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional. La Ley de Administración Financiera 24.156, que aplica porque somos parte del FMI desde 1956, así lo indica:

“ARTICULO 60.- Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica. La ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:

– Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa;
– Monto máximo autorizado para la operación;
– Plazo mínimo de amortización;
– Destino del financiamiento.
Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente. Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”.

Además de los principios generales en materia de procedimiento y acto administrativo establecidos en los ars. 7 y 8 de la Ley N° 19.549, esta afirmación desconoce lo establecido en el art. 61 de esa misma Ley N° 24.156 que se invoca en la respuesta:

“ARTICULO 61.- En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos“.

Documento completo acá.

Caso Codianni: El pedido administrativo de acceso a información pública

Ante los sistemáticos rechazos del Poder Judicial en el caso “Murúa”, en fecha 06/12/2018 Codianni presentó un nuevo pedido de acceso a información pública. Esta vez, en sede administrativa y con un alcance mucho más detallado que el de la demanda del caso “Murúa” ya que, para entonces, contábamos con la documentación publicada en el sitio web del Ministerio de Hacienda.

En concreto se pidió la siguiente información, referida tanto al crédito original como al nuevo crédito por la suma de siete mil cien millones de dólares (U$S 7.100.000.000):

“Le solicito que entregue a esta parte en los términos y bajo apercibimiento de ley, tanto en formato digital como papel, la siguiente información pública:

(i) Texto completo del contrato firmado o a ser firmado entre las partes, términos de referencia, todos sus anexos y cualquier otra documentación conexa o complementaria ambos empréstitos “credit stand by” contraídos o a contraerse con el FMI.

(ii) Condiciones establecidas en el marco de dichos empréstitos. Entre ellas, informe específicamente si se han suscripto cláusulas con prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros arbitrales, administrativos y/o judiciales para resolver controversias derivadas del empréstito.

(iii) Informes, dictámenes y/o cualquier otro documento donde las reparticiones públicas con competencia en la materia se hayan expedido, con carácter previo a la toma de tales empréstitos, sobre el impacto y distribución presupuestaria prevista para enfrentar las condiciones impuestas por los créditos en cuestión.

(iv) Detalle de las características financieras de ambos acuerdos. Entre ellas, como mínimo, las siguientes: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasas de interés, cargos y otras comisiones), aforos y toda otra característica financiera que pueda incidir en la carga de los compromisos a ser atendidos.

(v) Expediente/s administrativo/s donde se desarrollaron los procedimientos previos a la toma de las decisiones administrativas pertinentes para contraer el empréstito en cuestión. Al respecto se solicita especialmente que informe números de expedientes y entregue copia completa de su contenido (en especial, dictámenes, informes técnicos y documentos donde conste la intervención de los organismos de asesoramiento y control nacionales, así como todo acto administrativo dictado en el contexto del mismo).

(vi) Respecto del documento fechado el 12/06/2018 que el Ministerio de Hacienda ha publicado en su página web, el cual correspondería a la carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la Sra. Lagarde y su anexo “Memorándum de Políticas Económicas y  Financieras” correspondiente al primero de los empréstitos (simples pdfs carentes de sellos oficiales, membrete, firmas auténticas o referencia a expediente alguno), solicito entregue copia de los documentos originales y de todos los informes o dictámenes técnicos que se produjeron con carácter previo a definir el contenido y alcances de dichos documentos.

(vii) Respecto de esa carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la Sra. Lagarde y su anexo “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras” correspondiente al primero de los empréstitos, informe y entregue copia de la normativa pertinente que habilitaba su suscripción por parte de dichos funcionarios, o bien del acto o actos administrativos que así lo hubiesen autorizado”.

Escrito completo acá.

Caso Murúa: El rechazo de la respuesta del Ministerio de Hacienda y su insistencia en que toda la información requerida ya estaba disponible en su sitio web

La respuesta del Ministerio de Hacienda al recurso extraordinario federal de Murúa fue presentada fuera de plazo. Por tal motivo, el 29/11/2018 (alta en el sistema del 03/12/2018) la Cámara ordenó desglosarla (sacarla del expediente) y devolvérsela al Ministerio.

Esa sentencia está acá (pudimos verla en el expediente antes que se la devolvieran al Ministerio).

Frente a ello, el 18/12/2018 el Ministerio de Hacienda volvió a presentarse mediante este escrito para solicitar que se declare la causa abstracta. Esto es, que se declare que el Poder Judicial no podía intervenir en el caso porque toda la información solicitada ya era pública.  En ese sentido sostuvo:

(i) “La pretensión inicial de la actora y el recurso interpuesto, resultan abstractos en razón de la notoria difusión que ha tenido el Acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (1)  y su inicio de ejecución, motivando amplio debate -incluso entre los mismos medios periodísticos que la actora cita- tornando inoficioso el pronunciamiento jurisdiccional pretendido”.

En la nota a pie de página (1) que contiene este párrafo se indica lo siguiente: “Sin perjuicio de que la información requerida se encuentra disponible en internet (https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/cartadeintencionmemorandumdepoliticaseconomicas)”.

(ii) “Así, en tanto la pretensión de la parte actora carece de actualidad, no concurre en autos el presupuesto de la existencia de un “caso”, “causa”, o “controversia” que habilite la intervención judicial, en los términos del art. 116 CN, y del art. 2° de la Ley N° 27, lo que así solicitamos se resuelva por V. E.”.

La Cámara no trató este planteo del Ministerio de Hacienda y, en cambio, rechazó el recurso extraordinario federal por cuestiones formales mediante sentencia (dictada el mismo día 18/12/2018).

 

 

 

 

Caso Murúa: El recurso extraordinario federal y su repuesta por el Ministerio de Hacienda

El 22/10/2018 se interpuso el recurso extraordinario federal para impugnar la sentencia de Cámara.  En ese escrito la controversia fue resumida de la siguiente manera (énfasis en el original):

“El Poder Ejecutivo Nacional (en adelante “PEN”) contrajo en el mes de junio de 2018 un empréstito con el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) por la suma de cincuenta mil millones de dólares (U$S 50.000.000.000.-). Se trata de un crédito que no fue discutido en el Congreso de la Nación y respecto del cual resultan desconocidos los estudios técnicos, dictámenes y otros elementos necesarios que habrían llevado al PEN a tomar semejante decisión. Ninguno de los documentos oficiales vinculados con dicho empréstito se encuentra disponible para ser consultado por la sociedad, lo cual configura un hecho de inusitada gravedad y trascendencia institucional.

A cuatro meses de haberse suscripto tal empréstito y luego de haberse gastado para controlar la suba del dólar la suma de quince mil millones de dólares (U$S 15.000.000.000) que ya fueron entregados al PEN por el FMI con causa en dicho contrato, no sabemos cuál fue el procedimiento seguido al efecto, la causa y los motivos que llevaron a tomar ese crédito, ni a hacerlo por esa suma de dinero. En consecuencia, tampoco sabemos qué cuestiones macroeconómicas analizó el PEN antes de comprometerse a tomar semejante deuda externa sin pasar por el Congreso de la Nación. 

Es importante realizar una aclaración: cuando referimos a “procedimiento”, “causa” y “motivos” lo hacemos en el sentido más técnico que cabe atribuir a dichos conceptos en el contexto del derecho administrativo: elementos esenciales de la toma de decisión por parte del poder administrador. No nos referimos a procedimientos, causas ni motivos políticos, sino a cuestiones estrictamente jurídicas que hacen a la validez de las decisiones administrativas. Y también es importante destacar que no pretendemos discutir con este amparo la validez de esa decisióntan sólo buscamos que el PEN ponga a disposición de la sociedad la información pública correspondiente a esa tramitación previa para poder analizarla y, en su caso, realizar los planteos que fueran procedentes.

Con ese objeto promovimos el presente amparo por acceso a información pública.  Lejos de olvidar que la ley en la materia exige acudir primero a la instancia administrativa, abordamos en extenso dicha exigencia para demostrar que en este caso, a modo de excepción, no correspondía su aplicación por su inutilidad y por la urgencia del caso.  Entre otras cosas, ofrecimos prueba para demostrar que diversos funcionarios del PEN y legisladores del oficialismo habían afirmado públicamente que el crédito en cuestión no será sometido a aprobación del Congreso de la Nación en virtud de que la ley de administración financiera así lo permitiría por ser Argentina miembro del FMI (art. 60, último párrafo, de la Ley N° 24.456). También señalamos que el PEN no ha puesto a disposición el expediente o los expedientes, ni el propio contrato, en base a los cuales se habría perfeccionado el empréstito.  Y sostuvimos  que para tener esa discusión social con un mínimo de seriedad, era esencial (y lo sigue siendo) disponer de la información que peticionamos de manera urgente y sin exigirnos transitar por una instancia administrativa que, a la luz de dichas declaraciones y de la prueba acompañada en el expediente, se mostraba a todas luces inútil.

Llegados hasta aquí recordemos dos cosas que son fundamentales para el caso. La primera es que la información que estamos solicitando es “de carácter público” y “no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”.  La segunda, directamente vinculada con la admisibilidad de la vía que intentamos y que hace cuatro meses estamos tratando de avanzar, es que “de poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materia de información pública si luego se dificulta el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal” (“CIPPEC”, Fallos: 337:256). 

En el mismo orden de ideas, y también en sostén de nuestra posición, V.E. se ha ocupado de afirmar que “la celeridad en la entrega de la información es indispensable en esta materia” (“ADC c. PAMI”, Fallos: 335:2393).

En este contexto fáctico y jurídico, la sentencia de la CNCAF confirmó el rechazo in limine de la demanda por considerar en lo esencial, al igual que el juez de primera instancia, que necesariamente debimos transitar la vía administrativa previa. Sin embargo, no hay en la sentencia impugnada, como demostraremos, análisis alguno de los argumentos y elementos probatorios que ofrecimos en la demanda expresamente para sostener por qué, en este caso y como excepción a la regla general, era necesaria una intervención directa del Poder Judicial. 

Una vez más: sólo estamos pidiendo información que es del pueblo y que el PEN ha evitado, hasta el día de hoy, dar a difusión adecuadamente. Una cuestión de vías procesales no puede ser argumento válido para esquivar esta responsabilidad, especialmente ante la gravedad institucional inusitada que rodea a los hechos que sirven de causa a nuestra pretensión.

Esta posibilidad de acceso a la justicia nos fue negada con fundamentos solo aparentes, dogmáticos, sin análisis de nuestros argumentos y de nuestra prueba, y desentendiéndose por completo, como también demostraremos, de los criterios convencionales, constitucionales y jurisprudenciales de la CIDH y nuestra CSJN en materia de acceso a información pública. 

La CNCAF trató nuestra apelación olvidando todas esas fuentes de derecho que, debidamente ponderadas a la luz de las circunstancias del caso, arrojan como conclusión ineludible el derecho de esta parte a pedir la información por esta vía de amparo y el consiguiente deber indelegable del Poder Judicial de tomar cartas en el asunto para habilitar el acceso a esa información.

A lo largo de este REF demostraremos que la sentencia vulnera abierta y manifiestamente el derecho a un debido proceso legal (art. 18 CN; arts. 8 y 25 CADH), el derecho de acceso a la justicia por vía de amparo para tutelar derechos fundamentales (art. 43 CN) y el derecho de acceder a información pública en control del estado (art. 13 de la CIDH y jurisprudencia de nuestra CSJN citada a lo largo del escrito)”.

A pesar de que el Estado Nacional todavía no estaba participando del proceso, debido al rechazo automático de la demanda y su confirmación por la Cámara, este último tribunal decidió escucharlo y le corrió traslado del recurso.

En su respuesta, el Ministerio de Hacienda sostuvo:

(i) “La información solicitada se encuentra disponible para su consulta en internet -en idioma inglés y en idioma español, conforme traducción pública y debidamente firmada (https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/cartadeintencionmemorandumdepoliticaseconomicas) – y ha sido objeto de constante tratamiento incluso por los medios periodísticos que la actora menciona y ofrece como prueba”.

(ii) “La prueba ofrecida por la actora a fin de acreditar la necesidad de acceder a una información que, paradójicamente pese a hallarse disponible en Internet, la actora insiste en afirmar que está oculta– no resulta idónea…” (página 17 del escrito, énfasis en el original).

Recordemos que el alcance del pedido de acceso a información pública contenido en la demanda era el siguiente:

3.1. Solicitamos a V.S. que ordene a la demandada entregar a esta parte el texto completo del contrato a ser firmado, memorando y carta de intención suscripta con el FMI y cualquier otra documentación complementaria del empréstito “credit stand by” suscripto con el FMI.

3.2. Solicitamos a V.S. que ordene a la demandada detallar las características financieras del acuerdo arribado: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasas de interés, cargos, prórrogas de jurisdicción, comisiones, aforos y toda otra información directamente vinculada con el empréstito contraído”.

Recurso extraordinario federal acá.

Acá la respuesta del Ministerio de Hacienda.

Caso Murúa: La Cámara de Apelaciones confirma el rechazo de la demanda

El 04/10/2018 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con firma de los Dres. Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernández, confirmó la sentencia de primera instancia por el mismo motivo en que se fundó esta última: no haberse realizado antes el reclamo en sede administrativa.

Luego de reseñar los antecedentes del caso y ciertos criterios jurisprudenciales en materia de amparo, en forma dogmática (esto es, sin explicar el por qué de su conclusión) la Cámara resolvió lo siguiente:

“V. Que, en orden a los recaudos de admisibilidad formal de la acción de amparo, cuyo análisis inicial habilita al rechazo sin sustanciación previsto en el art. 3º de la ley 16.986, se impone señalar que -a criterio de este Tribunal y en sentido coincidente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 63vta./4)- los argumentos vertidos en la apelación no resultan suficientes para demostrar el desacierto en lo expuesto en la sentencia y en el dictamen fiscal del primera instancia, en cuanto a que la omisión en que incurrió el actor, de solicitar la información en forma previa a la Administración, impedía atribuir a la demandada obrar ilegítimo alguno (conf. art. 43 de la Constitución Nacional y art. 1° de la ley 16.986), que hubiese justificado la promoción de la presente”.

La decisión de la Cámara recién fue dada de alta en el sistema informático el martes 16/10/2018.

Acá la sentencia completa.