En fecha 2 de agosto de 2019 el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Dr. Rodrigo Cuesta, emitió su dictamen en el marco del trámite del recurso de apelación que interpusimos contra el rechazo de la demanda en primera instancia.
Caso Codianni: el Poder Ejecutivo contesta la apelación y solicita su rechazo con argumentos formales, insostenibles y absurdos. La información se mantiene en secreto
El 19/06/2019 el Poder Ejecutivo Nacional contestó la apelación del CINFIN, pidiendo que se rechace el recurso por cuestiones formales (supuesta falta de copia digital, falso; supuesta ausencia de una crítica concreta y razonada de la sentencia de primera instancias, falso también), e insistiendo con la idea de que toda la información pública que pedimos ya fue entregada (nuevamente falso, porque pedimos A, B, C y D y rechazaron la demanda “porque A no existiría”).
Caso Codianni: Apelación contra la sentencia de Primera Instancia que rechazó el amparo
En fecha 20 de mayo de 2019 el Juzgado concedió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó el amparo. En ese escrito de apelación (disponible completo acá) se argumentó entre otras cosas lo siguiente (énfasis en el original):
“Para poner este agravio en términos claros y concretos con el objeto de demostrar el error en que incurrió la sentencia, proponemos a las y los integrantes de la Cámara de Apelaciones pensar el asunto en estos términos:
(i) En sede administrativa pedimos información sobre A, B, C y D.
(ii) La sentencia rechazó el amparo sosteniendo que no hubo denegatoria de ese pedido de acceso a información pública “porque A no existiría”.
(iii) ¿Y con respecto a B, C y D que pasó?
(iv) ¿Acaso no hubo una denegatoria tácita, arbitraria e ilegal al no informarse al respecto ni entregarse documentación alguna sobre tales cuestiones?
En otras palabras:
¿Dónde está la información y la documentación requerida respecto de los actos administrativos por los cuales se decidió tomar los créditos?
Decretos presidenciales, Resoluciones del Ministro de Hacienda, Resoluciones del Directorio del Banco Central de la República Argentina. En los expedientes no hay nada. ¿Acaso tampoco existen?
El Poder Ejecutivo debía expedirse concretamente sobre si esa información existe o no y, en su caso, entregarnos la documentación pertinente en formato digital y papel.
No lo hizo.
¿Dónde está la información y la documentación requerida respecto de la existencia de prórrogas de jurisdicción hacia tribunales extranjeros judiciales, arbitrales y/o administrativos?
Aspecto de absoluta relevancia para poder conocer los posibles fueros de debate donde deberían plantearse eventuales discusiones con causa en aspectos de la relación que vincula a la Argentina con el FMI desde al menos el 12 de junio de 2018 (fecha de la primera Carta de Intención).
El Poder Ejecutivo debía expedirse concretamente sobre si esa información existe o no y, en su caso, entregarnos la documentación pertinente en formato digital y papel.
No lo hizo.
¿Dónde está la información y la documentación requerida respecto del acuerdo o acuerdos firmados entre las partes?
No olvidemos que las Cartas de Intención obrantes en los expedientes dicen textualmente “Consideramos que los objetivos del plan descriptos en los adjuntos son hitos que se deben usar en el diseño del Acuerdo Stand-By solicitado”. O sea, debería haber un acuerdo. ¿Acaso tampoco existe?
El Poder Ejecutivo debía expedirse concretamente sobre si esa información existe o no y, en su caso, entregarnos la documentación pertinente en formato digital y papel.
No lo hizo.
A pesar entonces de que fue manifiesta la denegatoria a informar con relación a tales cuestiones, la sentencia consideró erradamente que tal denegatoria no existió sólo por el hecho de que los dictámenes previos “no existirían””.
Caso Codianni: El Juez Federal rechazó el amparo afirmando que “los dictámenes previos no existirían”, pero sin atender al resto de los puntos no informados por el Poder Ejecutivo
En fecha 13 de mayo de 2019 el Juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, rechazó la pretensión de acceso a información pública efectuada por Codianni.
Los argumentos fueron los siguiente (énfasis agregado):
“8º) El amparo interpuesto no puede prosperar.
Es que, tal como señala el Sr. Fiscal Federal en su dictamen de fs. 127/132, de la respuesta oportunamente brindada por el Poder Ejecutivo Nacional el 28/12/2018, surge que los dictámenes previos a los que hace referencia el accionante como información faltante no existirían.
En efecto, el Estado Nacional expresamente señaló en el informe cursado que: “La firma de un acuerdo es una potestad del Poder Ejecutivo por lo que no se requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional. La Ley de Administración Financiera 24.156, que aplica porque somos parte del FMI desde 1956 así lo indica” (v. doc. glosada a fs. 74/78, esp. fs. 77 vta). Información que se ve reiterada, también, en la Nota NO-2018-67789479-APN-DIC-MHA, acompañada por el propio actor a fs. 69/72.
En tales condiciones y atendiendo las circunstancias del caso, no se advierte que haya mediado por parte de la demandada una denegatoria a brindar la información que se le requiriera; ni tampoco una arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta en el temperamento adoptado que autorice la procedencia de la vía intentada.
9º) Ello así y compartiendo los fundamentos vertidos por el Sr. Fiscal Federal en su dictamen, los que doy aquí por reproducidos en honor a la brevedad”.
Como puede advertirse, la sentencia considera que el pedido de información efectuado por Codianni se limita a los dictámenes del BCRA exigidos por el art. 61 de la La Ley de Administración Financiera 24.156.
Sin embargo, el pedido de información efectuado en sede administrativa es mucho más amplio y detallado.
Y los faltantes de información fueron debidamente detallados en el escrito de demanda con que se inició el caso Codianni.
Lo grave de la sentencia es que el propio Juez, sólo unos párrafos más arriba de su conclusión, transcribió textual ese pedido administrativo:
“6º) En el caso, el actor requiere “información clara, precisa, completa, detallada, suficiente y oportuna” sobre diversas cuestiones vinculadas con el empréstito público acordado con el Fondo Monetario Internacional durante el año 2018.
Ahora bien, de la documentación glosada a fs. 15/16 surge que el actor, puntualmente, requirió:
(I) Texto completo del contrato firmado o a ser firmado entre las partes; términos de referencia, todos sus anexos y cualquier documentación conexa o complementaria ambos empréstitos “credit stand by” contraídos o a contraerse con el FMI;
(II) Condiciones establecidas en el marco de dichos empréstitos. Entre ellas informe específicamente si se han suscripto cláusulas con prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros arbitrales, administrativos /o judiciales para resolver controversias derivadas del empréstito;
(III) Informes, dictámenes y/o cualquier otro documento donde las reparticiones públicas con competencia en la materia se hayan expedido con carácter previo a la toma de tales empréstitos, sobre el impacto y distribución presupuestaria prevista para afrontar las condiciones dispuestas por los créditos en cuestión;
(IV) Detalle de las características financieras de ambos acuerdos. Entre ellas, como mínimo, las siguientes: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasa de interés, cargos y otras comisiones), aforos y toda otra característica financiera que pueda incidir en la carga de los compromisos a ser atendidos;
(V) Expediente/s administrativo/s donde se desarrollaron los procedimientos previos a la toma de las decisiones administrativas pertinentes para contraer el empréstito en cuestión. Al respecto se solicita especialmente que informe números de expedientes y entregue copia completa de su contenido (en especial, dictámenes, informes técnicos y documentos donde conste la intervención de los organismos de asesoramiento y control nacionales, así como todo acto administrativo dictado en el contexto del mismo);
(VI) Respecto del documento fechado el 12/06/2018 que el Ministerio de Hacienda ha publicado en la página web, el cual correspondería a la carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la Sra. Lagarde y su anexo “Memorandum de Políticas Económicas y Financieras”, correspondiente al primero de los empréstitos (simples pdfs carentes de sellos oficiales, membrete, fechas auténticas o referencia a expediente alguno), solicito entregue copia de los documentos originales y de todos los informes o dictámenes técnicos que se produjeron con carácter previo a definir el contenido y alcance de dichos documentos;
(VII) Respecto de esa carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la Sra. Lagarde y su anexo “Memorandum de Políticas Económicas Financieras” correspondiente al primero de los empréstitos, informe y entregue copia de la
normativa pertinente que habilitaba su suscripción por parte de dichos funcionarios, o bien del acto o actos administrativos que así lo hubiesen autorizado”.
Es evidente entonces que la información solicitada no se limita a los dictámenes del art. 61 de la Ley de Administración Financiera, como sostiene la decisión tomada para rechazar la demanda. De hecho, tales dictámenes fueron requerido directamente al BCRA (quien no los entregó tampoco).
Es evidente también que hay muchas cuestiones (de las contenidas en ese pedido de acceso a información pública que el propio Juez transcribió en su sentencia) que el Poder Ejecutivo se negó a informar y se niega a informar hasta el día de la fecha.
Sentencia acá.
Respuesta del BCRA al pedido de información pública sobre los dictámenes exigidos por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera
El 08/04/2019 el Banco Central de la República Argentina respondió el pedido de Codianni. La respuesta fue evasiva e incompleta, lo cual sugiere que los dictámenes exigidos por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 no existen:
“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de darle respuesta a su solicitud de acceso a la información pública que tramitara en el Expediente N° EX-2019-00053150- DEBCRAGSG#BCRA.
Al respecto, pongo en su conocimiento que de lo informado en el expediente antes citado surge que:
Las operaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a diferencia de otras operaciones de endeudamiento externo, son acordadas conjuntamente por el Ministerio de Hacienda de la Nación y el Banco Central de la República Argentina. Cabe remarcar que, previo a la firma de la operación en cuestión, esta Institución llevó a cabo conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el FMI, una evaluación comprensiva de su impacto macroeconómico, incluyendo un análisis de los sectores fiscal, externo y financiero.
Por este motivo, las Cartas de Intención enviadas al organismo junto al Memorando de Políticas Económicas y Financieras y el Memorando de Entendimiento Técnico, tanto en el mes de junio de 2018 cuanto en el mes de octubre de 2018 fueron firmadas por el Ministro de Hacienda y por el Presidente del BCRA”.
Documento completo acá.
El pedido de acceso a información pública ante el BCRA para obtener los dictámenes exigidos por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera
En fecha 14/03/2019 Codianni realizó un nuevo pedido de acceso a información pública en sede administrativa. Esta vez, ante el Banco Central de la República Argentina y con el objeto que entregue diversa información sobre los dictámenes exigidos por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 (énfasis en el original):
” I. OBJETO:
Vengo por el presente a solicitar información pública clara, precisa, completa y detallada sobre las intervenciones del BCRA previas a la formalización de los empréstitos contraídos con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 por las sumas de
U$S 50.000.000.000 y U$S 7.100.000.000.
Ello en los términos de lo dispuesto por el art. 9 y concordantes de la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275 y su Decreto Reglamentario N° 206/2017.
II. INFORMACIÓN SOLICITADA:
El art. 61 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional N° 24.156 establece lo siguiente (énfasis agregado):
“ARTICULO 61.- En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos”.
A la luz de tal normativa, le solicito que entregue a esta parte en los términos y bajo apercibimiento de ley, tanto en formato digital como papel, la siguiente información pública:
(i) Copia completa de los dictámenes y/o informes emitidos por el BCRA en el marco de lo dispuesto por el art. 61 de la Ley N° 24.156 con carácter previo a formalizar los actos administrativos correspondientes a ambos empréstitos “credit stand by” contraídos con el FMI en el año 2018.
(ii) Número de los expedientes administrativos del BCRA donde se desarrollaron los procedimientos en el marco de los cuales fueron emitidas tales opiniones.
(iii) Copia completa de tales expedientes”.
Escrito completo acá.
El contenido de los expedientes donde se desarrollaron los procedimientos para la toma de los créditos
De los dos expedientes entregados en sede administrativa por el Ministerio de Hacienda se desprende lo siguiente:
(i) El primer expediente fue iniciado por el Ministerio de Hacienda el 21/06/2018. Esto es, exactamente una semana después del ingreso de la demanda del “caso Murúa” y 9 días después de la fecha en que se firmó la Carta de Intención para solicitar el crédito (fechada el 12/06/2018).
(ii) No hay constancia de dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención.
(iii) No hay constancia de dictámenes del Banco Central de la República Argentina sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos (requisito exigido por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.
(iv) No hay constancia de actos administrativos mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito. No obra en el expediente Decreto presidencial alguno, así como tampoco Resolución del Directorio del BCRA ni Resolución del Ministerio de Hacienda.
(v) No hay constancia de haberse suscripto acuerdo alguno. Sólo está la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos. Una Carta de Intención que dice expresamente que tales memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo ‘stand by’”.
Nota del Ministerio de Hacienda comunicando la puesta a disposición de los expedientes acá.
Expediente 1 acá.
Expediente 2 acá.
